Una fiscal adjunta, dos fiscalizadores y tres secretarios del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional fueron suspendidos y son investigados en relación a un fraude ascendente a más de dos millones de pesos provenientes de las multas que pagan los choferes y conductores.
La información la ofreció esta mañana el fiscal del Distrito Nacional, doctor Alejandro Moscoso Segarra, y el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, doctor Octavio Líster.
Fueron identificados como la procuradura fiscal adjunta Bertha Susana Byas Febles y los fiscalizadores Julio Peña Perez y José Alonzo.
También los secretarios María Sala y Mariano Medina Herrera, quienes laboraban en la jurisdicción del Distrito Nacional del Departamento de Tránsito.
Líster explicó que la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima presentada ante la DPCA a principio de agosto de este año, la que daba cuenta de la distracción de fondos ingresados a dicha oficina por concepto del cobro de multas que les son impuestas a los ciudadanos por los Agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).
Precisó que esos funcionarios desviaban fondos percibidos como garantías económicas impuestas por los tribunales a través de fianzas prestadas en efectivo por quienes se ven envueltos en accidentes de tránsito por la Casa del Conductor, percibidos por el mismo concepto.
Lister y Moscoso Segarra informaron que con relación a esos hechos han sido investigados varios empleados y funcionarios que prestan servicios en la referida oficina, resultando por el momento suspendidos en sus funciones, sin disfrute de sueldo, la procuradora fiscal adjunta Byas Febles y los fiscalizadores Peña Pérez y Alonzo.
También, los secretarios de dicha oficina, señores María Salas y Marino Medina Herrera, éste último sobrino e hijo de crianza de la señora Byas Febles.
Se informó que las pesquisas serán ampliadas a otros sectores que interactúan en el referido recinto.
Igualmente, se dijo que hasta el momento se estima que han sido sustraídos fondos pertenecientes a la Procuraduría General de la República que oscilan por los 2 millones 500 mil pesos (RD$2,5000.00).
Hicieron un llamado a los ciudadanos que hayan sido extorsionados o vulnerados en sus derechos por parte de miembros del Ministerio Público adscritos a esa oficina o por parte de agentes de AMET, para que se presenten por ante las oficinas de la DPCA o de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional a los fines de que expongan sus quejas o denuncias, garantizando la confidencialidad de las mismas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario